Atasco en la Ley Anti Okupas

La tramitación de la ley para desalojar okupas en 24 horas se ha atascado en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja admitió a trámite la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal procedente del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, el 20 de febrero. Sin embargo, desde entonces, la tramitación del texto ha quedado paralizada debido a la continua ampliación del plazo para presentar enmiendas.

El proceso de enmiendas comenzó el 23 de febrero y debía finalizar el 12 de marzo, pero se ha prorrogado en 11 ocasiones, la última hasta el 25 de mayo. Esta situación es común en la legislatura, donde las leyes a veces se estancan debido a continuas prórrogas en el plazo de enmiendas, lo que puede llevar a que no se aprueben antes de que finalice la legislatura. La propuesta de ley establece que, una vez que una autoridad pública ordene el desalojo de una propiedad ocupada ilegalmente, el ocupante tiene 24 horas para abandonar la vivienda o demostrar que tiene autorización para estar allí. Si no pueden hacerlo, los agentes procederán al desalojo.

Además, la normativa busca endurecer las penas de prisión para los okupas, aumentando las condenas hasta tres años en casos de usurpación con violencia e intimidación, y de seis a 18 meses para ocupaciones sin violencia, en lugar de las multas de tres a seis meses que se aplican actualmente. La ley también busca proteger a las comunidades de vecinos afectadas por la ocupación ilegal, permitiendo a los propietarios denunciar comportamientos perjudiciales para el edificio y obligar al propietario del inmueble a tomar medidas preventivas, como tapiar puertas y ventanas. Si los okupas realizan actividades ilícitas, podrán ser desalojados de inmediato. Finalmente, la ley propone que la Administración devuelva al propietario el IBI y el Impuesto de Patrimonio pagados por el inmueble ocupado, aliviando así la carga fiscal sobre los dueños de propiedades afectadas por la ocupación ilegal.

El Partido Popular ha reclamado que se «desbloquee» la tramitación de la ley en el Congreso, ya que su aprobación podría ayudar a proteger la propiedad privada y evitar conductas delictivas. Sin embargo, la tramitación sigue estancada y no se ha establecido una fecha para su aprobación definitiva. Según datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron 16.000 casos de ocupación ilegal de viviendas en España, un 10% más que el año anterior. Las comunidades más afectadas fueron Cataluña, Andalucía y Madrid.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) ha criticado la falta de medidas efectivas para abordar este problema y ha pedido al gobierno que priorice la aprobación de la ley. Por su parte, algunos grupos sociales y de defensa de los derechos de la vivienda han expresado su preocupación por el endurecimiento de las penas y la posibilidad de desalojos exprés, argumentando que pueden afectar a familias vulnerables en situación de emergencia habitacional. Estos colectivos abogan por medidas de prevención y soluciones a largo plazo para abordar las causas estructurales de la ocupación ilegal.

En resumen, la ley para desalojar okupas en 24 horas sigue atascada en el Congreso debido a las continuas prórrogas en el plazo de enmiendas, mientras que el problema de la ocupación ilegal de viviendas continúa creciendo en España. La aprobación de la ley enfrenta posturas encontradas entre quienes buscan proteger la propiedad privada y quienes temen por los derechos de las familias sin hogar.